DIEZ AÑOS DESPUÉS

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA LEY DE IGUALDAD EN ESPAÑA

Balance de una década ¿en Igualdad?

El 22 de marzo de 2007 se aprobó en el Congreso de los Diputados una Ley Orgánica,  la 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,   cuya entrada en vigor fue al día siguiente, es decir, que ahora se cumplen sus primeros 10 años de aplicación, por lo que en estos momentos toca analizar su impacto en la sociedad española.

Lo que se anunció como una Ley que iba a conseguir una sociedad distinta, llamada a incidir en el modelo de convivencia y cuya aplicación debía prevenir la desigualdad, actuando sobre aquellos ámbitos aún reacios a la presencia y protagonismo de las mujeres, diez años después no ha pasado de ser un propósito de buenas intenciones. Ya en su presentación, se realizó un reconocimiento especial del papel jugado por las asociaciones de mujeres, y algunas mujeres destacadas individuales que influyeron en la gestación de una norma con vocación transversal, y que aspiraba a tener repercusión en todos los ámbitos de la vida social.

Después de una década, los avances han sido nimios en el cambio social pretendido, y tenemos una bonita ley en papel que ha sido incapaz de superar las desigualdades. Utilizando el símil del juego de la oca o del parchís,  en lo tocante a la igualdad, las mujeres aún nos encontramos en la casilla de salida, pues cuanto más avanzamos, alguna ficha nos alcanza o caemos en una casilla que nos hace retroceder puestos.

Y es que el legislativo, al redactar una Ley Orgánica reguladora de un derecho constitucional como es el de la Igualdad reconocido en su artículo 14, lo primero que olvidó es que la igualdad no es sólo un derecho de mujeres. Es cierto que partíamos de una desventaja histórica, pero desigualdades hay muchas más, y colocar a la mujer en el centro de una Ley sobre igualdad, no hace sino perpetuar la discriminación en algún sentido, al suponerla especialmente vulnerable.

Resulta obvio decir que una norma debe nacer para ser cumplida, y he aquí otros de los fallos de la Ley de Igualdad, cual es dejar su desarrollo en forma reglamentaria, que no se ha hecho, y no dotarla de presupuesto ni de recursos económicos. Junto a lo anterior, salvo algunos artículos de la Ley que son imperativos (especialmente para las Administraciones Públicas), su cumpliendo es potestativo, resultando con ello una norma poco eficaz.

Luego, la crisis económica sufrida por España a partir del 2011, se ha utilizado para  intentar justificar la escasa implantación de la norma y la poca incidencia en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Sin embargo, todo no es negativo pues algunas medidas como las de protección sobre el acoso sexual, y el acoso por razón de sexo, o la prioridad de la mujer en las políticas activas de empleo están plenamente implantadas. Otras, como las medidas para potenciar la igualdad en la atribución de cargas familiares y el fomento de la corresponsabilidad de hombres y mujeres para la conciliación del trabajo, y la vida personal y familiar, mejoras en la protección de la interinidad y del régimen de licencias y permisos con el reconocimiento del permiso de paternidad, hoy día están muy extendidas y gozan de gran difusión.   A pesar de ello,  no se ha podido corregir el efecto perverso de estas medidas en materia de conciliación pues sigue entendiéndose como una cosa de mujeres cuando no es así. Valga el ejemplo de las peticiones de  reducciones de jornadas para el cuidado de hijos de hasta los 12 años  y personas dependientes,  solicitadas mayoritariamente por las mujeres  (el 98% de las solicitudes), y que institucionaliza un perjuicio claro de sus sueldos, aspiraciones laborales y futuras pensiones.

En cuanto a la obligatoriedad de realizar planes de igualdad en las empresas de más de 250 trabajadores/as  ha quedado sobre el papel, pues nuestro tejido productivo está formado en su mayor parte por PYMES a las que no les afecta, y la mayoría de las empresas privadas que pudieran estar obligadas, y lo peor, a las públicas, aún no cuentan con estos instrumentos por las dificultades que encuentran en la negociación colectiva,  en su aplicación presupuestaria y en su escasa exigibilidad por la inspección laboral.

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